Un reciente capítulo de la Encuesta Nacional de Salud UNAB-IPSOS 2026 reveló que un 47% de la población aún ve como "fácil" o "muy fácil" obtener una licencia médica sin justificación, pese a una baja en estos indicadores respecto a 2024.
La percepción persiste a pesar de los últimos casos de fraude en licencias médicas y múltiples esfuerzos por controlar el gasto en salud. En septiembre, una investigación llevada adelante por la Fiscalía Oriente terminó con 17 condenas vinculadas a una organización que, según el Ministerio Público, causó un perjuicio a Fonasa superior a $48 mil millones a través de licencias médicas falsas.
Además, un año después del informe de Contraloría que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos y empleados de entidades financiadas con recursos públicos viajando fuera del país durante sus períodos de reposo, se registró una caída cercana al 20% en la emisión de licencias médicas en los 12 meses posteriores a la denuncia. Entre mayo de 2025 y abril de 2026, se entregaron 6,77 millones de licencias electrónicas, casi 1,6 millones menos que en el periodo anterior.
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Percepción de facilidad: baja pero se mantiene
Según la encuesta de la Universidad Andrés Bello e Ipsos, aplicada a 1.200 personas mayores de 18 años en la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío, el 47% cree que resulta fácil o muy fácil comprar una licencia médica a médicos que se dedican a esto, conseguirla por internet o a través de un médico amigo sin justificación de salud. Además, un 37% considera sencillo obtener una licencia en consultas médicas o centros de salud sin estar enfermo.
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El director ejecutivo del Instituto de Salud Pública (ISP) de la UNAB, Héctor Sánchez, advierte que el descenso en la emisión de licencias evidencia el efecto de las acciones de Contraloría y del Ministerio Público, aunque alerta que la tendencia podría no consolidarse. Sostiene que la percepción de facilidad persiste y que "no basta con fiscalizar y sancionar, sino que es necesario intervenir los incentivos del sistema, fortalecer los mecanismos de control y avanzar en una regulación más efectiva del otorgamiento de licencias médicas".
En comparación a 2024, la percepción de facilidad bajó en todos los mecanismos consultados:
(none)- Compra por internet: caída de 10 puntos porcentuales.
- Licencia injustificada con un médico amigo: bajó 9 puntos.
- Compra directa a médicos: descenso de 7 puntos.
- Obtención en consulta sin estar enfermo: disminución de 6 puntos.
Disminuyó también el porcentaje de personas que declara conocer a alguien que, sin estar enfermo, obtuvo o compró una licencia médica: pasó de 51% en 2024 a 37% en 2026. La mayor variación corresponde a quienes conocen personas que compraron la licencia, ya que la cifra bajó del 34% al 20%.
(none)Cambios en la valoración social y fiscalización
(none)El estudio refleja cambios en la percepción social de estas conductas. Mientras el 33% estima que comprar o conseguir una licencia médica injustificada es un delito que debe castigarse, igual porcentaje que en 2024, cayó de 43% a 30% la proporción que lo considera aceptable en determinadas situaciones, como el cuidado de familiares. Además, subió de 22% a 28% el grupo que lo ve inaceptable, aunque no lo clasifique como delito.
(none)El académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Manuel Inostroza, señala que aún queda margen para reducir el uso injustificado de licencias y destinar esos recursos a otras prioridades del sistema de salud, por ejemplo, disminuyendo listas de espera o mejorando la atención.
(none)Desafíos para la fiscalización y el gasto en salud
(none)Pese a estos avances, la evaluación sobre la fiscalización de licencias médicas sigue dividida: solo el 33% califica con notas altas (4 o 5) la efectividad de la fiscalización, mientras el 32% la evalúa negativamente (nota 1 o 2) y un 28% otorga una evaluación intermedia.
(none)De acuerdo con la Superintendencia de Seguridad Social, entre 2024 y 2025 la emisión de licencias bajó en 12,9%, lo que representa una reducción superior al millón de licencias y un ahorro estimado en subsidios por incapacidad laboral de $586.938 millones. Proyecciones para 2026 apuntan a ahorros de hasta US$600 millones si continúa la tendencia a la baja.
(none)Académicos coinciden en que para seguir disminuyendo el uso irregular no basta con mantener la fiscalización: es necesario modificar los incentivos y fortalecer los controles del sistema.
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