El Gobierno presentó el Presupuesto 2026 proponiendo un incremento general del gasto público de 1,7%, mientras refuerza el gasto en salud en casi 900 mil millones de pesos. Esta decisión se da en un escenario marcado por la tensión política, donde el presidente Gabriel Boric defendió el alza fiscal y criticó los planteamientos de recorte por parte de la oposición, señalando que reducir el gasto en US$ 6 mil millones "es imposible sin afectar prestaciones sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU)". De este modo, el Ejecutivo intenta equilibrar la administración de recursos con la presión creciente sobre la red pública de salud y el desafío de sanear sus deudas y mejorar la atención.
Más de tres millones de personas esperan atención médica en Chile, con listas que superan los 400 días y 320 mil pacientes que requieren cirugía. Frente a esta realidad, el aumento presupuestario anunciado resulta solo un alivio temporal, tal como advierten expertos y actores del sector. Aunque el monto apunta a contener el impacto inmediato de la crisis sanitaria, persisten dudas sobre su capacidad para generar cambios estructurales en el sistema.
Crisis sanitaria persistente y presión sobre el gasto
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Las demandas acumuladas en la salud pública no se deben solamente a la falta de financiamiento. Los hospitales arrastran deudas, sufren escasez de especialistas y funcionan en instalaciones obsoletas. Además, el sistema evidencia deficiencias organizacionales y de planificación, lo que limita el uso eficiente de los nuevos recursos. Sin una estrategia concreta para saldar estos pasivos, modernizar la infraestructura y elevar la productividad, los incrementos presupuestarios tienden a convertirse en simples ajustes de cuentas.
Boric subrayó además el peso de las políticas sociales, enfatizando que cualquier reducción drástica en el gasto impactaría en prestaciones clave como la PGU. Al mismo tiempo, acusó a sectores de la "ultraderecha" de bloquear consensos para avanzar en reformas necesarias, como la previsional, generando un clima de confrontación en la discusión parlamentaria sobre el destino y el orden del gasto público.
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Atención primaria y modernización: puntos críticos
Un elemento clave, poco resaltado en el debate político, es la Atención Primaria de Salud (APS). A pesar de ser la base para prevenir enfermedades y promover el bienestar, la APS sigue recibiendo un presupuesto basal notoriamente insuficiente. Las transferencias a los municipios distan de cubrir los costes reales de una APS actualizada, ampliando la brecha entre las necesidades de la población y la capacidad de respuesta.
Los especialistas insisten en que el financiamiento de la APS debe evolucionar de un residuo presupuestario a una inversión estratégica, con reglas claras, metas explícitas y criterios de impacto verificable. Además, el actual presupuesto prioriza el gasto operacional día a día, quedando rezagadas las inversiones en capital, como la renovación tecnológica y quirúrgica, indispensables para resolver la acumulación de procedimientos pendientes.
Evaluación, transparencia y resultados exigibles
El anuncio de procedimientos de "evaluación ex ante" en el uso de los fondos para salud aparece como un paso en la dirección correcta, aunque insuficiente sin una transparencia total y métricas públicas. La ciudadanía exige conocer cuántas cirugías adicionales se harán y cuánta capacidad nueva ganará la APS con estos recursos, alertando que solo con información clara y resultados probados será posible comprobar mejoras efectivas.
Expertos y decanos universitarios, como el Dr. Luis Castillo, reiteran que sin una fórmula de financiamiento estable y de largo plazo, acompañada por indicadores medibles, el país seguirá administrando la carencia en lugar de avanzar hacia un sistema sanitario moderno, eficiente y justo. El debate sobre el Presupuesto 2026 en Chile, lejos de zanjar las diferencias políticas, vuelve a poner en primer plano la urgencia de combinar mayor gasto social con reformas de fondo en gestión, salud y productividad estatal.
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